RACIONALIZACION DOCENTE

RACIONALIZACION DOCENTE

Por:Laurentina Astudillo Agurto* Piura, 19 de Septiembre de 2009

El proceso de racionalización de personal docente, en la Región Piura, definitivamente se realiza en base a una directiva emitida por el Ministerio de Educación, pues en realidad en algunas Instituciones educativas existe exceso de docentes, porque no se atiende a la población escolar en base a la demanda real.

Resulta contradictorio que en las zonas rurales no se cubra el total de la demanda de maestros, mientras que en algunas zonas urbanas (caso de la I.E San Miguel ) existen maestros excedentes y en otros sectores de esta misma ciudad hay “hacinamiento” escolar, el maestro se desempeña con excesiva carga docente de 45 a 50 alumnos por sección, disminuyendo las condiciones de los estudiantes para la asimilación de los conocimientos, más aún teniendo en cuenta su precaria situación nutricional.

¿ Por que se presenta este fenómeno en la zona urbana?. Sencillamente porque estos son los desastrosos estragos de las insensibles estrategias neoliberales aplicadas en nuestro país, que se evidencian en la falta de voluntad política por mejorar la calidad de la educación publica, al no disminuir la carga docente a 25 alumnos en las zonas rurales y 30 en la zona urbana, que también es un indicador de calidad educativa.

Considero que existe un factor muy importante y decisivo en la determinación de este fenómeno contradictorio, me refiero al proceso sistemático de la privatización de la educación en nuestro país, con la proliferación de las instituciones educativas particulares, consentidas legalmente, algunas sin criterios técnicos de calidad educativa.

Todo este proceso se ve agravado por la proliferación de problemas sociales que afectan a la población juvenil, como es la drogadicción, alcoholismo y pandillaje; la escuela no es ajena a este problema, que también es por falta de políticas pertinentes para atender las necesidades reales de los sectores populares; además del brutal desprestigio mediático, emprendido por el gobierno contra los maestros, como parte del proyecto neoliberal de debilitamiento y reducción de la escuela pública.

Debido a los problemas sociales, el desprestigio de los maestros, algunas instituciones educativas públicas pierden prestigio, por lo consiguiente disminuye la demanda del servicio, pierden sostenibilidad y tienen que regirse por las normas del Ministerio de Educación.

Estos factores son las causas por la que algunos padres de familia, a pesar de sus limitaciones económicas, optan por matricular a sus hijos en las mencionadas instituciones privadas.

Este panorama refleja la existencia de la crisis en todo el sistema educativo, de nuestro país , que cada día se profundiza más y que se manifiesta con la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes a tener una educación gratuita con equidad y de calidad, pues a nivel legal la Ley General de Educación establece en su artículo 3º que “la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica”

Además, el Código de Niños y Adolescentes (Ley Nº27337) indica en su artículo 14 que “el niño y adolescente tienen derecho a la educación. El estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas”.

También, nuestra Constitución Política en el artículo 16 indica que es deber del estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales y físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.

En la normativa internacional, el derecho a la educación está contemplado en el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos (1948), que señala que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad Humana.

Es por estas razones, que los maestros y la sociedad civil debemos de mirar a la educación desde la perspectiva de derechos humanos y desde los diversos espacios analizar los problemas, formular propuestas para la mejora de nuestro sistema educativo y asumir el deber y la responsabilidad social de abogar por una reforma educativa democrática con proyecto nacional, escuela pública gratuita y de calidad para todos y de verdadera revaloración del magisterio.

· Profesora y Especialista en Tecnología e Innovaciones Educativas